El mapa político del municipio de Marquetalia, en el oriente de Caldas, sufrió un drástico cambio este lunes 16 de febrero de 2026. En una decisión de Sala Plena, el Tribunal Administrativo de Caldas decretó la pérdida de investidura de los concejales José Reineiro Velásquez Ruiz y Juan David Figueredo Rojas, ambos representantes del Partido Conservador Colombiano para el periodo 2024–2027.
La sentencia, bajo la ponencia del magistrado Carlos Manuel Zapata Jaimes, establece que los cabildantes violaron el régimen de conflicto de intereses durante la sesión del 23 de noviembre de 2024. En dicha fecha, ambos participaron activamente en la elección de la secretaria general del Concejo para la vigencia 2025, dignidad que recayó en Mery Paola Quintero Velásquez.
La irregularidad técnica radica en que la secretaria elegida para ese entonces, Mery Paola Quintero, integró la misma lista del Partido Conservador en las elecciones territoriales de octubre de 2023 junto a Velásquez Ruiz y Figueredo Rojas.
De acuerdo con el numeral 14 del artículo 11 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo (CPACA), existe un impedimento legal para que un servidor público participe en actuaciones administrativas donde tenga interés una persona con la que haya compartido lista electoral. Para el Tribunal, los concejales estaban obligados a manifestar su impedimento y apartarse de la votación para garantizar la transparencia del proceso.
«La ley no exige demostrar beneficios económicos o favores directos; el conflicto de intereses se configura de manera objetiva por la sola omisión en declarar el impedimento», reza un aparte fundamental de la providencia.
En el análisis del elemento subjetivo, el Tribunal concluyó que los sancionados actuaron con culpa grave. La Sala Plena enfatizó que, dada su condición de servidores de elección popular, los concejales deben conocer con rigor el régimen de inhabilidades e incompatibilidades, puesto que su labor debe priorizar la imparcialidad y el interés general sobre las afinidades políticas o de grupo.
Al tratarse de una sentencia de primera instancia, los concejales conservadores tienen el derecho de interponer los recursos de ley ante el Consejo de Estado para intentar revertir la decisión que, de quedar en firme, significaría su salida definitiva de la corporación pública y una inhabilidad permanente para ejercer cargos de elección popular.
